PRONUNCIAMIENTO
SOCIAL DE GUADALAJARA
Frente a la Cumbre Unión Europea-América Latina
y el Caribe
“LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ESTÁN PRIMERO”
Convocadas con
motivo de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
la Unión Europea, América Latina y el Caribe,
organizaciones sociales y civiles de ambos continentes dirigimos
desde Guadalajara, Xalisco, el presente pronunciamiento a
nuestros pueblos, a la opinión pública internacional,
a los medios de comunicación y a los Jefes de Estado
y de Gobierno reunidos aquí.
La cumbre gubernamental
se da en un contexto de graves retrocesos y amenazas para
la autodeterminación de las naciones, los derechos
humanos integrales y la paz, tanto en Europa como en América,
y en el mundo entero.
Después
de dos décadas de padecer las políticas neoliberales,
América Latina sigue siendo la región del mundo
con el mayor nivel de desigualdad. La extrema concentración
de la riqueza y de la tierra se ve agravada por el costo de
la deuda externa, los recursos dedicados al militarismo, la
corrupción y la impunidad. Por si esto fuera poco,
América Latina y el Caribe se ven sembrados hoy de
tratados de “libre comercio” con Estados Unidos
que no consiguen sino imponer un proceso de integración
subordinada a la hegemonía norteamericana que pretende
ser culminada en el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA).
Simultáneamente,
los acuerdos bilaterales empujan tanto en Europa como en América
Latina los mismos modelos que exacerban el desempleo y la
precariedad laboral, transformando en mercancías la
salud, la educación, los servicios públicos,
la cultura y la seguridad social, entre otros, además
de provocar la desaparición de la agricultura familiar
a través de la Política Agrícola Común
(PAC). La Constitución que la UE se prepara a aprobar
rescata este enfoque. Eso sucede sin que los pueblos de la
UE hayan sido consultados. Ese es el modelo de “cohesión
social” que la UE pretende promover en América
Latina y el Caribe.
Desde que se diera
la última cumbre de la Unión Europea-América
Latina y el Caribe en Mayo del 2002 en Madrid, los problemas
económicos y sociales que supuestamente se buscaba
enfrentar con el incremento de las relaciones entre ambas
regiones siguen sin visos de solución; por el contrario,
se han agravado las difíciles condiciones de vida y
de trabajo de millones de personas.
La imagen de que
América Latina y el Caribe pueden encontrar relaciones
más benéficas con la Unión Europea que
con Estados Unidos a partir de la liberalización de
los mercados, se contradice con la realidad. Esto es así
porque detrás de sus “buenas intenciones”,
lo que busca la Unión Europea es la ampliación
de mercados para sus grandes corporaciones en servicios y
compras gubernamentales, y garantías para sus grandes
inversionistas. Acuerdos como los que viene firmando o negociando
con países o regiones de AL, que en lo económico
y comercial no se diferencian de los que se tienen con Estados
Unidos, consolidarían para las décadas futuras
las prerrogativas que las trasnacionales europeas ya gozan,
o nuevas, en detrimento de los intereses de los países
en desarrollo. Las actuales propuestas neoliberales de la
UE hacia América Latina no representan una alternativa
al ALCA. Más bien se apegan estrechamente a las medidas
económicas recetadas por el FMI, el BM, el BID y la
OMC. La Unión Europea utiliza las políticas
de cooperación como instrumento para la penetración
de sus empresas. Por otro lado, los acuerdos de cooperación
en materia de seguridad contribuyen a la militarización
del continente.
Nos resulta alarmante,
pero no nos toma por sorpresa, que otro requisito exigido
por la UE a los países latinoamericanos sea resolver
de manera satisfactoria lo referido a las negociaciones caducas
de la Agenda de Doha de la OMC. Se trata de la vieja estrategia
de lograr más de lo mismo mediante una negociación
interregional, pasando por encima de los desacuerdos e impasse
planteados en el marco multilateral. Hemos alertado tanto
en el caso del ALCA como de la OMC, y lo hacemos ahora en
relación a los acuerdos con la UE, que la inclusión
de temas tales como inversiones, compras gubernamentales,
políticas de competencia y privatización de
recursos naturales y servicios, limitan la soberanía
y condicionan el desarrollo económico y social de los
países de América Latina y el Caribe. Por lo
cual deben ser definitivamente abandonados en las negociaciones.
Además, el acceso a los mercados agrícolas europeos
se nota beneficioso principalmente para los grandes productores,
y no necesariamente para los pequeños campesinos que
producen para el mercado interno y que carecen de protección.
Por esto, en lugar
de acuerdos que sigan priorizando al “libre comercio”
por sobre el dialogo político y la cooperación,
los pueblos de Europa y de América Latina y el Caribe
deseamos una relación justa y equitativa, sustentada
en el pleno respeto de los derechos humanos, económicos,
sociales, culturales y ambientales
Las organizaciones
sociales y civiles de Europa, América Latina y el Caribe
presentes en Guadalajara nos pronunciamos y demandamos:
- un pronunciamiento
claro y enérgico de los gobiernos participantes de
esta Cumbre contra las acciones bélicas y políticas
unilaterales en Oriente Medio por parte de las potencias centrales,
en un proceso que atenta contra la totalidad de las convenciones
y derechos internacionales alcanzados hasta el presente por
la colectividad internacional y que han permitido una guerra
ilegal e inmoral. Exigimos la firme condena a la tortura criminal
perpetrada por Estados Unidos y sus aliados a los prisioneros
de guerra en Irak, el fin del secuestro y tortura de los presos
en Guantánamo, el empeño para la resolución
de todos los conflictos bélicos y la promoción
efectiva de la paz en el mundo. Exigimos el retiro de las
tropas extranjeras de Iraq.
- impedir el proceso creciente de ocupación militar
en América Latina y el Caribe donde constatamos cómo
la frustración a cualquier vía de desarrollo
y la sistemática violación de los derechos humanos
se suma a la injerencia política y militar externa
contra las aspiraciones de los castigados pueblos de Haití,
Colombia y Bolivia, en especial.
- Que se realice un esfuerzo efectivo por parte de los gobiernos
de América Latina, el Caribe y la Unión Europea
para que los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, ambientales y culturales de los pueblos y de sus
organizaciones, tengan primacía sobre la liberalización
comercial.
- se ponga fin al Plan Colombia y al Plan Puebla Panamá.
-Exigimos a la UE y a los gobiernos de América Latina
y el Caribe la promoción de un modelo de cooperación
solidario en un marco de respeto a los derechos de los pueblos
y comunidades indígenas, afrodescendientes, de género
y de pleno cumplimiento de los derechos humanos.
- Los países desarrollados deben cumplir el compromiso
adquirido de destinar al menos el 0.7 % del PIB a la cooperación
para el desarrollo y buscar nuevas formas de redistribución
de los ingresos en el ámbito nacional e internacional
orientadas efectivamente a la lucha contra la pobreza, en
apoyo al desarrollo sustentable y la justicia social, tales
como fondos de compensación social, impuestos sobre
transferencias de capitales especulativos. La UE debe impulsar
medidas para detener las transferencias de capitales y recursos
de los países en desarrollo hacia los países
industrializados.
- en particular, siendo la Unión Europea la primera
acreedora externa de América Latina debe cancelar la
deuda “odiosa” y renegociar la deuda externa pública
bajo criterios de verdadero desarrollo sustentable de los
países subdesarrollados..
- Toda acción de cooperación al desarrollo financiado
por la UE debe definirse bajo la obligada consulta y participación
plena de las poblaciones afectadas tal y como dice el Convenio
169 de la OIT y los DESC, librándolas de la creciente
condicionalidad externa que subordina la cooperación
al desarrollo a una agenda comercial basada en programas de
ajuste estructural que históricamente han mostrado
su fracaso. La consulta a los pueblos de Europa (Constitución
Europea) como a los de América Latina y el Caribe debe
ser un requisito indispensable de la cooperación entre
las naciones.
-Exigimos el reconocimiento legal y económico de la
agricultura familiar campesina e indígena basado en
el derecho, como sector productivo que no solamente garantiza
la soberanía alimentaria sino también la preservación
ambiental, la cohesión social, política y cultural
de naciones y regiones. Utilizar libremente las semillas nativas
y no permitir la coexistencia con organismos genéticamente
modificados. Exigimos la exclusión del proceso de liberalización
comercial de los productos estratégicos para la alimentación
de los países en desarrollo y para garantizar su soberanía
alimentaria. Exigimos la eliminación de prácticas
desleales de comercio a través de subsidios que respaldan
precios de importación por debajo de los costos de
producción.
- el respeto a los derechos de las y los trabajadores ratificando
y cumpliendo los convenios de la OIT, sobre libertad sindical,
derecho de negociación colectiva, estabilidad en el
empleo, prohibición de trabajo forzoso, prohibición
de trabajo infantil y de no discriminación, en particular
los contenidos en la Declaración de principios y Derechos
Fundamentales de 1998, y que especialmente se controle su
fiel cumplimiento por las corporaciones trasnacionales. Exigimos
se detenga la tendencia a extender la jornada laboral y la
precariedad en el empleo.
- Rechazamos el modelo patriarcal que profundiza la inequidad
hacia las mujeres, agudizando la violencia a niveles dolorosos
como el feminicidio en América Latina y Europa. Exigimos
compromiso real a la Unión Europea y América
Latina para alcanzar la equidad de género.
- revertir los procesos de exclusión ancestral de los
pueblos originarios y afro- descendientes promoviendo el respeto
a su autonomía, cultura y organización tradicional
en el marco del Convenio 169 de la OIT y con el cumplimiento
de los Acuerdos de San Andrés.
- Rechazamos las patentes, y los derechos de propiedad intelectual
sobre los conocimientos ancestrales, los medicamentos y la
diversidad biológica ya que son los pueblos y las comunidades
quienes conservan y promueven la biodiversidad, dentro del
marco del derecho a su territorio.
- el compromiso de respetar, irrestrictamente, los recursos
naturales y la biodiversidad de América Latina y el
Caribe e impedir cualquier tipo de mecanismo que permita el
saqueo de agua, la explotación de la tierra, la contaminación
de los mantos acuíferos, la extracción de minerales
y la expropiación de áreas verdes, con los graves
riesgos ambientales inherentes
- promover un nuevo sistema de seguridad social público,
universal, integral y solidario, y en particular que se detengan
los ataques a las jubilaciones y pensiones.
- revertir la nueva onda de privatizaciones, orientadas a
mercantilizar derechos y servicios básicos, tales como
educación, energía, agua y salud, afectando
a los más pobres. Los bienes y servicios públicos
(agua, tierra, biodiversidad, educación, salud, cultura,
etc.) no son negociables.
- que se tomen las medidas necesarias para acabar la discriminación,
el racismo y la xenofobia hacia los inmigrantes y otras minorías,
y a favor del reconocimiento de sus derechos humanos y civiles;
que los países receptores de inmigrantes reconozcan
a plenitud sus derechos individuales y colectivos, se respete
su dignidad y aportación cultural.
- Denunciamos la actitud de la Unión Europea de no
admitir la condena a la ley Helms-Burton. Por el contrario,
la cumbre debe demandar a los Estados Unidos el levantamiento
del bloqueo que mantiene contra Cuba, que daña gravemente
su autodeterminación, su economía y las condiciones
de vida de sus habitantes; reanimar los acuerdos de cooperación
entre los países de AL y la UE con Cuba, y en particular
rechazar los nuevos planes de agresión contra Cuba
anunciados por Bush, que representan el mayor y más
grave riesgo para la estabilidad y la paz en el continente
americano.
Los participantes
de este encuentro social reconocemos el derecho del ser humano
a la libre expresión de sus ideas y el derecho de expresarlas
públicamente. En el marco de las manifestaciones pacificas
que estamos realizando, reprobamos actos de acoso, intimidación
y provocación a que nos vemos sometidos por parte de
instituciones públicas o privadas de seguridad en el
marco de esta III Cumbre Unión Europea - América
Latina y el Caribe.
Finalmente, desde
la sociedad civil de América Latina, el Caribe y Europa
estamos alertas y movilizados, a la par que empeñados
y empeñadas en la construcción de espacios reales
de concertación social, desde donde queremos democratizar
los procesos bi-regionales. Frente a la demagogia, las omisiones
y amenazas vertidas en cumbres gubernamentales como la que
ha tenido lugar aquí decimos: es en la lucha de nuestros
pueblos en que confiamos para la construcción de sociedades
justas, y de otro mundo mejor y posible.
¡LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS ESTÁN PRIMERO!
Guadalajara, México,
28 de mayo 2004
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