Manuel García Urrutia M.
El fin de semana pasado, el 24, 25 y 26 de
marzo, se llevó a cabo, en Pátzcuaro –en
el Crefal-, el segundo Foro Euro-Latinoamericano-Caribeño
de la Sociedad Civil con la asistencia de noventa organizaciones
no gubernamentales, las llamadas ong, de veinticinco naciones.
El propósito de la reunión fue discutir la agenda
que será abordada por los Jefes de Estado y de Gobierno
de los países del Continente Americano y la Unión
Europea en la tercera Cumbre a celebrarse los días
28 y 29 de mayo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
El tema de ambas reuniones, la de organizaciones
sociales y la de gobiernos, está relacionado con la
cohesión económica con justicia social, equidad
y respeto a los derechos humanos; es por ello que la reunión
de las ong, en el Crefal, estuvo dominada por el análisis
de la lucha contra la pobreza y por la inclusión en
el proceso de desarrollo de grupos vulnerables a fin de llevar
propuestas que sean consideradas por los representantes gubernamentales
en la Cumbre de Guadalajara. Antes de esa próxima reunión,
los presidentes y jefes de gobierno se han reunido, en 1999,
en la Cumbre de Río de Janeiro y, en el 2002, en Madrid
en la idea de evaluar y avanzar en una alianza estratégica
entre la Unión Europea y América Latina y el
Caribe.
A diferencia de cómo Estados Unidos
encabeza los esfuerzos para lograr el proceso de integración
regional para imponer el Acuerdo de Libre Comercio para América,
el ALCA, en el que existe un marcado menosprecio por la participación
social y la exclusión de Cuba, la Comunidad Europea,
que ha vivido una experiencia diferente en su proceso de unificación,
considera a todas las naciones del continente y ve con buenos
ojos, y como parte de la extensión lógica de
la democracia al campo social, la participación de
organismos de la sociedad civil en el diseño de las
políticas públicas y el aliento de un desarrollo
sostenible.
La participación social, por tanto,
está llamada a ser un componente básico en las
relaciones entre la Unión Europea, América Latina
y el Caribe en la construcción de una relación
de largo plazo, que tiene profundas raíces históricas,
buscando promover la solidaridad, la equidad y la justicia
social; en una palabra, la democracia en su concepción
más plena.
En América Latina vive casi la mitad
de población en condiciones de pobreza, su deuda, cercana
a los setecientos cincuenta mil millones de dólares,
la desigualdad en la distribución del ingreso, de las
más contrastantes en el mundo, la incapacidad de generar
empleos estables y dignos –la proliferación de
la economía informal-, así como el deterioro
constante de sus recursos naturales y la violación
a derechos humanos elementales, son un lastre para facilitar
un desarrollo sostenible y una paz digna en la región.
Es por ello que las organizaciones sociales
que se reunieron en Pátzcuaro decidieron privilegiar,
dentro de sus planteamientos, a los niños, las mujeres,
los ancianos, los indígenas y migrantes para ser considerados
en la elaboración de las políticas públicas
de los gobiernos asistentes a la tercera cumbre de Guadalajara.
Dentro de las propuestas que han concluido
par ser incluidas en la discusión de los mandatarios,
en mayo, destacan las siguientes: la integración de
un fondo de solidaridad que atenúe los costos sociales
que, en ocasiones, implican los cambios estructurales para
darle viabilidad al crecimiento con distribución equitativa
de la riqueza; aportar, los países desarrollados, el
0.7% de su producto interno bruto para la cooperación
al desarrollo y el respeto de los derechos humanos; retomar
la iniciativa de un impuesto a las inversiones especulativas,
también denominados capitales golondrinos, con el objeto
de orientar los recursos que se capten a programas sociales
y al fortalecimiento de los mercados internos –a esta
iniciativa se le conoce como la tasa Tobin por ser una propuesta
de un parlamentario inglés; eliminar desigualdades
de género en el acceso al trabajo, la salud y la educación;
excluir de los procesos de liberación comercial los
productos agropecuarios que son estratégicos para la
soberanía alimentaria de los pueblos; la asistencia
técnica y el acceso al crédito a pequeños
productores agrícolas; eliminar subsidios y prácticas
desleales que distorsionen el concepto de comercio justo y
complementario; tomar en cuenta a las comunidades marginadas
y los pueblos indios en el diseño de programas regionales
de desarrollo –por eso se rechazó, expresamente,
la iniciativa del Plan Puebla-Panamá; respetar los
derechos humanos y laborales; enfatizar el cuidado de los
recursos naturales, y, entre otras más, el reconocimiento
del fenómeno migratorio y sus prerrogativas políticas,
en particular, el derecho al voto (La Voz de Michoacán,
27-03-2004).
En suma, los organismos sociales presentes
en Pátzcuaro han advertido a los gobiernos de la Unión
Europea, América Latina y el Caribe que la cohesión
económica no es ni será posible con las políticas
neoliberales que se han instrumentado en los últimos
veinte años en nuestros países; es necesario,
entonces, cambiar el rumbo y darle una dimensión más
humana al desarrollo.
