Cada año disminuyen la cantidad y calidad de los servicios públicos que constitucionalmente el gobierno debe proporcionar a la población. Los pretextos oficiales son muchos, pero tratan de esconder: 1) la tendencia de privatizarlos o convertirlos en negocios privados (donde los funcionarios participan), 2) de recortar las fuentes públicas de ingreso, 3) de no hacer nada sólido contra el no pago de impuestos y las fugas de capital por las transnacionales y las grandes empresas, y 4) impunidad y no hacer nada contra la corrupción que se queda con una buena parte de los recursos públicos.
Ante esta problemática, la propaganda de falsas soluciones inundan los medios de desinformación: “mayor eficiencia de gestión administrativa y económica mediante las concesiones a las empresas privadas” de servicios médicos, servicios y financiamiento a la educación, manejo de servicios y cobranza de agua, contratación de personal sin derechos laborales, construcción y administración de cárceles, y un largo etc.
La salud como derecho humano básico. Constitución (Párrafo 4 del Artículo 4).
“los requerimientos financieros para el tratamiento de la diabetes, tanto de la demanda de servicios ambulatorios como hospitalarios, representaran aproximadamente el 6% del presupuesto total asignado para la población no asegurada y aproximadamente el 9.5% del presupuesto total asignado para población asegurada.”
Los 778 millones de dólares calculados en 2010 como costo o requerimiento financiero en México para atender la Diabetes[1], significa a precios actuales (1 dólar =19 pesos) unos $14,800 millones de pesos; es decir el 10.5% del presupuesto de gasto federal en salud de 2017.
Sin embargo, lo más grave es que la enfermedad representa un gasto catastrófico para las familias. “Los pacientes invierten más del 30% de sus ingresos en resolver el problema de la diabetes”, explica el Doctor Armando Arredondo, uno de los autores de la investigación sobre los costos de la diabetes.
Ante ello el gobierno sólo ofrece paliativos con débiles campañas educativas al consumidor de bebidas y comida chatarra, y a la vez se resiste a poner en marcha sólidas políticas de salud pública, imponer mayores cargas fiscales y normativas a los beneficiarios privados de las bebidas y comida chatarra.
El consumo de refrescos, destacadamente de Coca Cola y Pepsi, junto con la comida chatarra es una de las causas conocidas que alientan la diabetes, Sin embargo, la cantidad promedio de impuestos que teóricamente debe pagar por ISR FEMSA, la empresa de Coca Cola México, en los últimos años, es de 7,475 millones de pesos, pero difiere el 81% del pago[2] que muchas veces nunca paga. Es decir, si FEMSA pagara lo que estipula la ley sólo sería la mitad de lo que gasta el Estado en “atender” los daños que causa su producto. Hay que implementar una elemental política: el que daña paga” y para ello aumentar al doble el impuesto a este tipo de empresas y que efectivamente lo paguen.
Sin el ejercicio de una verdadera política fiscal y acceso real a agua limpia y alimentos sanos, viviremos en una situación peor en los años inmediatos por venir.
El derecho a la educación de calidad es un derecho humano
La calidad del sistema educativo y su política oficial esta lejos de cumplir con el derecho constitucional. Tiene una orientación cada vez más utilitarista y neoliberal, incluye una política de castigo salarial y represión política al magisterio y tiene muchas deficiencias de infraestructura física educativa.
Como parte de la falsa solución de la autollamada “reforma educativa”, se pretende solucionar el déficit presupuestal para atender necesidades básica de las escuelas, recaudando dinero a través del mercado de bonos, que a la larga tendremos que pagar como deuda pública. Han anunciado como gran logro recaudar 50 mil millones de pesos en tres años (16,650 millones en 2016, lo mismo en 2017 y en 2018[3] ) Pero persisten en reprimir a los profesores que exigen otro tipo de educación y el ejercicio de sus derechos.
En contraste, apenas entramos al tercer año que las escuelas y universidades particulares, sean o no “patito”, perdieron el privilegio de no pagar el ISR y el IVA[4] , y se muestra el impacto positivo para disponer de recursos. El impacto recaudatorio ha sido notable, de 33 mil millones recaudados en 2013 pasamos a 95 mil millones en 2016[5]; casi el doble que los bonos que desean poner en el mercado para ponerles bebederos, sanitarios, seguridad física y conectividad a las escuelas, sin necesidad de aumentar al deuda pública. Pero una política fiscal justa a la educación, requiere ser diferencial (proporcional y equitativo), la capa de mayores ingresos que asisten a escuelas y universidades son los que deben tener la mayor carga fiscal.
Crece la cantidad de adultos mayores en pobreza y disminuyen los apoyos
Se calcula que para 2017 hay 8.7 millones de personas mayores de 65 años y más (4.7 millones de mujeres y 4.0 millones de hombres) y para el 2025 se considera que habrá 11.7 millones[6]. La enorme mayoría de dicho adultos no tienen seguridad social, ni jubilación. Más de la mitad de esos adultos mayores viven en la pobreza y con la actual política salarial y el costo creciente de los alimentos y servicios, la cantidad va a aumentar.
En 2003 el gobierno de izquierda de la Ciudad de México convirtió en ley el Programa de Apoyo a Adultos Mayores y más tarde lo adoptó tímidamente el gobierno federal, pero en los últimos años a reducido su presupuesto . Lo anterior es un avance al reconocer el derecho a la pensión, pero totalmente insuficiente en términos de montos para una vida digna.
El presupuesto total que tendrá el programa en 2017 será de 39 mil 100 millones de pesos (38, 981,620 neto en subsidios) es decir, 386 millones de pesos menos que el año pasado, cuando en 2016 tuvo 39 mil 486 millones de pesos, y 3,415 millones menos que en 2015.
Sed de Agua y de Justicia
La reforma constitucional del 2011 dejó establecido el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en México y debilitó, pero no extinguió la tendencia de privatizar los sistemas administrativos y de gestión del agua en los estados y municipios, ni de mercantilizar el agua. Ni tampoco dio pie para reconocer las ventajas históricas de manejo y gestión comunitaria de las aguas y cuencas, que en México tiene raíces centenarias[7], ni mucho menos reconocer la necesidad de un cambio radical en la política hídrica para enfrentar la magnitud del deterioro de los bienes hídricos y su creciente insustentabilidad.
Sin embargo, por más piruetas discursivas y estadísticas[8] que hagan las instituciones como Conagua y Semarnat, no pueden esconder la situación de injusticia, deterioro e insustentabilidad en que se encuentran la mayoría de los bienes hídricos del país.
Se calcula oficialmente que en el país hay 13.8 millones de personas que carecen de agua en la vivienda. Que la agricultura industrial ocupa el primer lugar en consumo de agua. Que la industria minera en México utiliza 437 millones de metros cúbicos mineros al día, cantidad que podría servir para llevar agua a 3 millones 229 mil mexicanos[9]. Sin embargo, los indicadores de calidad del agua medidos por la red oficial de monitoreo, ignoran los registros de varios cientos de toneladas de metales pesados tóxicos y peligrosos que son arrojados al agua anualmente por la industria, la minería, y la agricultura[10].
Detengámonos en esto último, el promedio anual de 400 toneladas, en la última década, de mercurio, plomo, níquel, cromo, cadmio, cianuro y arsénico, que han contaminada las aguas del país, y que las plantas de tratamiento no consideran e incluso desechan, se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo contra la sustentabilidad y salud del país[11].
No hay presupuesto nacional que alcance para limpiar esta contaminación, menos con la ridícula cantidad de $2,046 millones destinada en 2017 a tratamiento de las aguas contaminadas[12]. Pero aún menos podremos iniciar su remediación sin un cambio de la política, entre ella la fiscal y ambiental que sigue permitiendo que los funcionarios sigan pensando en los negocios privados y permitiendo que la gran industria contaminadora continúe operando y evadiendo y eludiendo el pago de impuestos que se necesitan.
Un ejemplo extremo de injusticia, o de la ausencia de justicia en el México actual, nos lo han mostrado los oligarcas mineros del Grupo México que, en connivencia de los sucesivos gobiernos, se han enriquecido y transnacionalizado a costa de reprimir mineros[13], envenenar cuencas y poblados[14], saquear enormes bienes mineros de escala mundial (número 1 en reservas mundiales de cobre), y alardear que es la empresa a nivel mundial con el menor costo (cash-cost) de producción por libra de cobre[15].
Y como no, si cada día “externaliza” costos de todo tipo, trasladándolos a los obreros, poblaciones, cuencas y parece pagar la miseria sólo un tercio de los impuestos mínimos que la ley le obliga, pero que funcionarios y jueces le solapan. Debió haber pagar un promedio conservador anual en la última década de 5 mil millones, pero mediante tretas contables y connivencias con sus socios de la mafia del poder terminó pagando 1.5 mil millones de pesos.
Ese ejemplo de evasión y elusión fiscal recorre a las 73 grandes mineras del país. En este caso ni pagando lo que deben pagar se va disponer de suficientes recursos para enfrentar el “pasivo minero” o contaminación acumulada que han sembrado por todo el país, ni tampoco vamos a detener la contaminación de las aguas del país.
Conclusión:
Estos ejemplos muestran la urgente necesidad de aumentar la recaudación de impuestos y ello debe hacerse sobre todo tapando las fugas ilegales o ilícitas en el pago de impuestos de las grandes empresas.
Necesitamos y exigimos justicia fiscal, ambiental y laboral, que paguen lo que deben e incluyan el pago de la deuda ambiental que le deben al país.
Exigimos transparencia fiscal y alto a la impunidad de los grandes evasores y la complicidad de altos funcionarios, jueces y legisladores.
Ciudad de México 22 de junio.
Alejandro Villamar, Alberto Arroyo y Adán Rivera miembros de la
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y de Latindadd
Contacto: alermalc@gmail.com
[1] Costos de la Diabetes en América Latina: Evidencias del Caso Mexicano. 2010. Armando Arredondo y Esteban de Icaza.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301511014380
[2] A partir de datos financieros de FEMSA disponibles en: https://www.google.com/finance?q=femsa.com&ei=LNc-WfGPNIuFmAGqurrADA
[3] [3]Seguridad estructural, sanitarios, bebederos, accesibilidad, servicios administrativos, conectividad y espacios de uso múltiple
http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/informesep16.pdf
[4] Aunque el tono del siguiente artículo es defensor del régimen anterior, nos da idea del impacto sobre sus viejos privilegios y grandes negocios. Cambio en el Régimen Fiscal de escuelas particulares. 29 enero 2014. Virginia Ríos Hernández
http://contaduriapublica.org.mx/cambio-en-el-regimen-fiscal-de-escuelas-particulares/
[5] Indicadores de recaudación. Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. IV T.SHACP. 2016.
[6] ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2017.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467903&fecha=28/12/2016
[7] PROGRAMA Nacional Hídrico 2014-2018. DOF: 08/04/2014 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339732&fecha=08/04/2014
[8] Estadísticas del Agua en México, 2014. Conagua-Semarnat
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2014.pdf
[9] Datos del Registro Público de Derechos del Agua- Repda, obtenidos por J.M. Vázques Prada “Mineras se beben el agua de 3.2 millones”. 20 de marzo de 2016 http://www.agua.unam.mx/noticias/2016/nacionales/not_nac_marzo20_2.html
[10] Registro de Emisiones y Transferencia de contaminantes. http://apps1.semarnat.gob.mx/retc/index.html
[11] 20 años de injusticia Ambiental bajo el TLCAN. Alejandro Villamar, marzo 2016. Capitulo de En la Senda del TLCAN: Una visión crítica. (Edit. J.M. Sandoval P. y M.A. Vázquez Ruíz. RMALC y Universidad de Sonora. http://www.rmalc.org/libro-en-la-senda-del-tlcan-una-vision-critica/
[12] Partida PPSO74 Agua Potable, drenaje y tratamiento del PEF 2017.
[13] Grupo México, una historia de crímenes e impunidad. Arturo Rodríguez García. 20 AGOSTO, 2014 REPORTAJE ESPECIAL http://www.proceso.com.mx/380036/grupo-mexico-una-historia-de-crimenes-e-impunidad
Larrea, el sucio. José Ignacio De Alba y Jade Ramírez. 22 de agosto de 2016.
http://piedepagina.mx/larrea-el-sucio.php
[14] Complicidad evidente de autoridades. La Jornada 6 de agosto de 2015, p. 34
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/06/sociedad/034n3soc
“Mar de mentiras”, a un año de la peor tragedia ambiental minera. La Jornada 6 de agosto de 2015, p. 34
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/06/sociedad/034n1soc
[15] Nota de Prensa resultados 4T Grupo México. http://www.gmexico.com/site/images/documentos/4T16-Nota-Prensa-GM.pdf
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